Las miradas en la Cancillería de Mario Lubetkin están puestas en el Parlamento, que a partir de este martes tiene en sus manos el texto del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea -de unas 4.000 páginas-, que el sábado 17 de enero, finalmente y luego de un laberinto de 26 años de negociaciones e idas y vueltas, fue firmado por las autoridades ejecutivas de ambos bloques en la ciudad de Asunción (Paraguay). El objetivo del gobierno, como ha transmitido el canciller, es que Uruguay sea el primer país en ratificar el acuerdo, porque de esa manera se daría un mensaje político relevante cuando en Europa todavía se extienden las manifestaciones en contra del tratado. Eso por un lado. Porque, por el otro, hay una interpretación jurídica, basada en la lectura del artículo 23.3 -del capítulo 23 sobre «disposiciones generales y finales»- según la cual, una vez aprobado por el parlamento de cualquier socio del Mercosur, el acuerdo empieza a regir «de forma provisional» entre el bloque Europeo y el país Estado sudamericano que ya haya transcurrido por la ratificación. Esto siempre y cuando «la Unión Europea y dicho Estado Mercosur signatario se hayan notificado mutuamente la finalización de sus procedimientos internos o la ratificación del presente Acuerdo, y hayan confirmado que están de acuerdo en aplicar provisionalmente el presente acuerdo», subraya el texto que ahora está a disposición de los legisladores uruguayos. Si los europeos, cuyo Parlamento envió semanas atrás el texto del acuerdo al alto tribunal de justicia para que se expida sobre la compatibilidad normativa con el derecho comunitario, están en condiciones políticas de seguir ese camino, es una incógnita en estas horas. Aunque en el gobierno reina el optimismo por los efectos de los esfuerzos que llevan adelante para que eso ocurra, entre otros, y a pesar de las resistencias internas, el canciller alemán Friedrich Merz, y desde hace tiempo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von Der Layen y el presidente del Consejo Europeo, António Costa. Sea como fuese, la agenda parlamentaria que se abre ahora será sumamente «intensa», adelantó esta semana el senador del Frente Amplio, Daniel Caggiani. La idea de los senadores es poder recibir a los posibles “ganadores” y “perdedores” de esta alianza comercial. Quieren escucharlos y tomar apuntes para posibles políticas públicas que deban realizar más adelante con el objetivo de acompañar a los afectados. Pero, además, está la intención de explicarle a algún sector productivo las oportunidades que puedan aparecer una vez que todos los países den el visto bueno. (El País)
