GOBIERNO PONE FOCO EN «MEJORAR EFICIENCIA» DE DGI PARA AUMENTAR RECAUDACIÓN

    El mensaje y exposición de motivos del proyecto de ley de Presupuesto enviado al Parlamento incluye un capítulo que expone algunos planes que la Dirección General Impositiva (DGI), implementará para mejorar su gestión. La DGI como organismo estatal encargado de recaudar y controlar el pago de impuestos tiene un papel clave en el sostenimiento fiscal del país aportando cerca del 85% de los ingresos del Gobierno Central, destaca el texto. Según el Poder Ejecutivo, la eficiencia recaudatoria atribuible al desempeño de la DGI, entendida como la parte de la recaudación que no consigue ser explicada por el crecimiento económico ni por cambios en las normas tributarias, ha registrado niveles variables entre 2016 y 2024, con un promedio anual de 0,10% del Producto Interno Bruto (PIB), y por debajo de los niveles registrados entre 2005 y 2015, que se ubicaron en 0,15% del PIB. El gobierno entiende que para elevar el desempeño y consolidar el aporte del organismo a los ingresos fiscales se deben abordar una serie de desafíos estratégicos. “Superarlos permitirá aumentar la recaudación, fortalecer la confianza ciudadana en la gestión tributaria, así como optimizar el uso de recursos públicos”, señala. El informe explica que en la actualidad la DGI “combina un modelo de control (basado en la fiscalización y la aplicación de sanciones), con uno de facilitación del cumplimiento tributario (orientado a la simplificación de trámites y la asistencia al contribuyente). Sin embargo, estos no están integrados en un modelo de gestión de cumplimiento, ni se apoyan en un proceso corporativo para la toma de decisiones basado en evidencia. Como resultado, se ejecutan procedimientos fragmentados y descoordinados, reduciendo la efectividad y eficiencia de los recursos”. Según se explica, la estrategia que seguirá la DGI en esta administración se sustenta en un modelo de gestión que reconoce las múltiples causas del incumplimiento tributario, que incluyen olvido, desconocimiento, costos de cumplimiento, baja percepción de riesgo, incomprensión de los procedimientos, dificultades financieras, oportunismo, decisión de no cumplir y fraude deliberado. (El Observador)